En materia de acuerdos, pactos o contratos, muchas veces la mayoría de las cláusulas o articulados son redactados por una de las partes y que la otra discute antes de aceptar, observar o rechazar el contenido.
El problema o caso similar, se le presenta a una de las partes que, una vez otorgado su consentimiento está obligado a cumplir con lo pactado, y no pondrá en el transcurso de la ejecución, romper o violar el compromiso, porque está adherido al contrato.
En los acuerdos o pactos colectivos, el representante de una organización firma en nombre de toda la colectividad de acuerdo con los poderes que le confirieren los estatutos.
Recientemente, el doctor Leonel Fernández Reyna, en su condición de presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), firmaron un pacto o acuerdo, cuyas cláusulas o articulados son desconocidos por sus partidarios.
Al parecer, por el desarrollo de los acontecimientos, en el acuerdo ambas partes se comprometieron dentro de cierto lapso de tiempo, obligar a sus legisladores (Diputados y Senadores) reunidos en Asamblea Revisora, para que apoyen sin restricciones ni reservas todos y cada uno de los artículos que figuran en el proyecto de la “nueva” redacción de la Constitución; es decir, que con la firma del famoso pacto, los congresistas, por adhesión están obligados a levantar las manos en señal de “corroboro, si corroboro” y, como el contrato de adhesión es una obligación, cualquier acción contraria a lo pactado provocaría la paralización por una de las partes, de los demás compromisos.
Como el PRD y el PLD hacen la mayoría necesaria en el congreso, en la firma del pacto dejaron desprotegido al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), cuyos representantes estuvieron haciendo causa común con el oficialismo, apoyándole todos los artículos que se discutían en primera y segunda lectura; como fueron los casos de la prohibición del aborto en todas sus formas y la privatización de las playas. ¡¡Hasta ahí, todo bien¡¡
¿Dónde comienza el problema? Cuando se llega al punto referente a la composición de Consejo de la Magistratura, que el PRD quiere variar su integración, mediante un informe “disidente”, como acordaron los firmantes del pacto secreto. Muchos asambleístas del PLD votaron en contra; por lo que no pudo ser aprobado dicho informe.
Resulta, que como el informe disidente fue rechazado por la Asamblea Nacional, este no puede ser presentado de nuevo. Por la decisión de un segmento del PLD de no otorgar su consentimiento esa parte contractual del pacto, quedó “retorcida” y no podrá enderezarse; sin embargo, la Asamblea devolvió los artículos 151 y 157 a la “Comisión de Verificación y Auditoría” para buscarle un bajadero; por lo que declaró un receso hasta lograr un acuerdo entre las partes contratantes.
Ante la negativa de una parte de los legisladores del PLD, Miguel Vargas convocó a sus congresistas para explicarle la posición final del partido y exigirle a Leonel Fernández que obligue a los suyos (los congresistas peledeístas) cumplir con lo convenido por ambos líderes.
Inmediatamente, el secretario general del PLD y Presidente de la Asamblea Nacional, Reinaldo Pared Pérez, dijo que el Comité Político de su partido podría sancionar a los 52 asambleístas que votaron en contra del “informe disidente”.
Como hasta ahora se ha demostrado, el pacto coloca en condición de “eunucos” mentales a los legisladores de ambos partidos. Parece que no pueden tener independencia de criterio!, por lo que tendrán que votar por “adhesión”, y no por “convicción”.
El problema o caso similar, se le presenta a una de las partes que, una vez otorgado su consentimiento está obligado a cumplir con lo pactado, y no pondrá en el transcurso de la ejecución, romper o violar el compromiso, porque está adherido al contrato.
En los acuerdos o pactos colectivos, el representante de una organización firma en nombre de toda la colectividad de acuerdo con los poderes que le confirieren los estatutos.
Recientemente, el doctor Leonel Fernández Reyna, en su condición de presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), firmaron un pacto o acuerdo, cuyas cláusulas o articulados son desconocidos por sus partidarios.
Al parecer, por el desarrollo de los acontecimientos, en el acuerdo ambas partes se comprometieron dentro de cierto lapso de tiempo, obligar a sus legisladores (Diputados y Senadores) reunidos en Asamblea Revisora, para que apoyen sin restricciones ni reservas todos y cada uno de los artículos que figuran en el proyecto de la “nueva” redacción de la Constitución; es decir, que con la firma del famoso pacto, los congresistas, por adhesión están obligados a levantar las manos en señal de “corroboro, si corroboro” y, como el contrato de adhesión es una obligación, cualquier acción contraria a lo pactado provocaría la paralización por una de las partes, de los demás compromisos.
Como el PRD y el PLD hacen la mayoría necesaria en el congreso, en la firma del pacto dejaron desprotegido al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), cuyos representantes estuvieron haciendo causa común con el oficialismo, apoyándole todos los artículos que se discutían en primera y segunda lectura; como fueron los casos de la prohibición del aborto en todas sus formas y la privatización de las playas. ¡¡Hasta ahí, todo bien¡¡
¿Dónde comienza el problema? Cuando se llega al punto referente a la composición de Consejo de la Magistratura, que el PRD quiere variar su integración, mediante un informe “disidente”, como acordaron los firmantes del pacto secreto. Muchos asambleístas del PLD votaron en contra; por lo que no pudo ser aprobado dicho informe.
Resulta, que como el informe disidente fue rechazado por la Asamblea Nacional, este no puede ser presentado de nuevo. Por la decisión de un segmento del PLD de no otorgar su consentimiento esa parte contractual del pacto, quedó “retorcida” y no podrá enderezarse; sin embargo, la Asamblea devolvió los artículos 151 y 157 a la “Comisión de Verificación y Auditoría” para buscarle un bajadero; por lo que declaró un receso hasta lograr un acuerdo entre las partes contratantes.
Ante la negativa de una parte de los legisladores del PLD, Miguel Vargas convocó a sus congresistas para explicarle la posición final del partido y exigirle a Leonel Fernández que obligue a los suyos (los congresistas peledeístas) cumplir con lo convenido por ambos líderes.
Inmediatamente, el secretario general del PLD y Presidente de la Asamblea Nacional, Reinaldo Pared Pérez, dijo que el Comité Político de su partido podría sancionar a los 52 asambleístas que votaron en contra del “informe disidente”.
Como hasta ahora se ha demostrado, el pacto coloca en condición de “eunucos” mentales a los legisladores de ambos partidos. Parece que no pueden tener independencia de criterio!, por lo que tendrán que votar por “adhesión”, y no por “convicción”.
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