El artículo del juez Rafael Ciprian

Magistrado Rafael Ciprian

La solicitud que hizo la Comunidad del Caribe (CARICOM) para que se deje sin efecto la sentencia TC/0168/13, que dictara nuestro Tribunal Constitucional (TC) en fecha 23 de septiembre recién pasado, es una olímpica muestra de ignorancia o de soberbia de los directivos de ese organismo internacional. Da pena que actúen así. Sobre todo porque cuentan con la asesoría técnico-jurídica que necesitan y tienen los recursos económicos para realizar las comprobaciones que crean pertinentes.

Considerar que la ignorancia fue la causa que los motivó a realizar semejante pedimento es una forma de darles el beneficio de la duda. Así lucirán como equivocados, sin que hayan mostrado malas intenciones o propósitos ocultos. Todos cometemos errores.Errar es de humanos. Pero debería manifestarse la voluntad de realizar las correcciones de lugar. Esto no se producirá. Ni en suelo lo esperen.

Nadie puede exculpar a los jefes del CARICOM bajo el alegato de que el desconocimiento de nuestro ordenamiento constitucional y legal fue la causal esencial de su desatinada petición. Una simple lectura del artículo 184 de nuestra Carta Magna podía persuadirlos de que sus pretensiones son inadmisibles. Este texto dice: “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria.”

Es evidente que el concepto de soberbia puede definir mejor el comportamiento de los señores que dirigen el CARICOM. Ellos se creen con el poder para exigirle a la República Dominicana que violente su propio sistema jurídico. Si se deja sin efecto la sentencia del TC, como pretenden esos señores, se daría un golpe de Estado a esa alta corte y se subvertiría el orden constitucional que nos rige desde el 26 de enero de 2010. A partir de ese momento, no podríamos hablar de seguridad jurídica nacional. Y eso no tiene importancia para los solicitantes. Hay que admirar, aunque nos perjudique, la efectividad de la diplomacia de los haitianos.

Alguien debería recordarles alas autoridades del CARICOM que las sentencias del TC son

irrevocables y vinculantes para todos los poderes y órganos públicos. Además, que los dominicanos formamos una nación que se constituyó jurídica y políticamente, desde el 27 de febrero de 1844, en un Estado libre e independiente de toda potencia extranjera. Y que dicha proclamación no fue una retórica hueca y vacía, ni hija de la pasión de un momento de euforia. Esa realidad ha quedado comprobada y ratificada en la historia. Creemos que la soberanía nacional no se negocia.

Sin lugar a dudas, los señores del CARICOM deben superar su ignorancia o disminuir su soberbia. El conocimiento puede hacerlos más humildes. Ojalá puedan adquirirlo pronto.

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