Estos remolques representaban un jugoso negocio para la compañía Southland The Towing Company, una empresa que pertenecía en parte al ex alcalde Manuel “Manny” Maroño, aunque muchos policías desconocían su papel en la empresa.
La Ciudad de Sweetwater también dependía de la multa administrativa de $500 que cobraba por la recuperación de los vehículos. De hecho, Maroño había establecido una meta de $168,000 anuales en estas multas bajo la categoría de “ingresos diversos” en el presupuesto policial.
Fue por esto que arrestar a las personas a fin de remolcar sus vehículos se convirtió en una norma en Sweetwater, de acuerdo con varios policías que prefirieron hablar bajo condición de mantener el anonimato. De hecho, el 37 por ciento de todos los arrestos terminaron en remolques el año pasado.
EL NEGOCIO DE LOS REMOLQUES
Desde hace meses, las autoridades federales han profundizado una investigación criminal sobre la relación entre Maroño, Southland y el Departamento de Policía de Sweetwater, además de las prácticas abusivas de algunos policías contra los residentes a quienes debían proteger. Maroño había sido uno de los dueños de la empresa hasta mediados del 2009, de acuerdo con los registros estatales, aunque fuentes con conocimiento del caso han asegurado que permaneció como un “socio silente” del negocio.
A pesar de sus vínculos con Maroño, Southland empezó a operar en Sweetwater en un sistema rotativo meses antes de que su nombre dejara de figurar en los registros estatales. El acuerdo entre la Ciudad y Southland nunca fue formalizado en un contrato.
Hasta ahora, nadie ha sido acusado en el caso. El nuevo liderazgo municipal, que asumió el poder tras el arresto de Maroño en agosto por un caso separado de corrupción pública, y el retiro en octubre del jefe de la policía, Roberto Fulgueira, ha cortado los vínculos con Southland y está en el proceso de crear una licitación pública para el negocio.
LOS DOCUMENTOS
El Nuevo Herald y CBS-4 obtuvieron cientos de documentos de la Ciudad de Sweetwater sobre los informes de arresto, remolques y recibos de pagos de la multa de $500 durante la última década. El Nuevo Herald creó una base de datos con los documentos del 2012 y la combinó con información sobre los casos judiciales, que se obtuvo a través del Departamento de Informática del Condado Miami-Dade, a fin de realizar este análisis.
Los registros no estaban completos. El Departamento de Policía de Sweetwater no pudo encontrar el equivalente a casi la cuarta parte de los informes de arrestos vinculados a los remolques. Algunos casos del 2012 que han sido documentados por El Nuevo Herald, como la confiscación de un Porche Panamera que terminó bajo la propiedad de Southland, han desaparecido por completo de los archivos de Sweetwater.
Pero de los casos cuyos récords estaban completos, emerge un patrón preocupante. En muchos casos, la policía llamó a las grúas a pesar de que los vehículos se podían estacionar legalmente en el lugar, o cuando había un pasajero con una licencia de conducir que podía llevarse el auto.
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